I. INTRODUCCIN.
Durante las ltimas dos dcadas, la comunidad internacional ha desarrollado distintos mecanismos destinados a prevenir que determinados Estados, organizaciones y personas puedan acceder a los recursos econmicos, materiales y tecnologas necesarios para desarrollar programas de armas de destruccin masiva.
Uno de los antecedentes ms relevantes se produjo en octubre de 2006, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopt la Resolucin 1718, estableciendo un rgimen de sanciones contra la Repblica Popular Democrtica de Corea (RPDC), como consecuencia de su primer ensayo nuclear.
Ese mismo ao, mediante la Resolucin 1737, el Consejo de Seguridad tambin impuso sanciones vinculadas con determinadas actividades nucleares desarrolladas por la Repblica Islmica de Irn.
Aquellos regmenes sancionatorios fueron evolucionando con el transcurso de los aos, incorporando restricciones comerciales, financieras y de transferencia de tecnologas, as como mecanismos de congelamiento de activos pertenecientes a personas y entidades designadas.
Sin embargo, la experiencia internacional demostr que la adopcin de sanciones no resultaba suficiente para impedir todos los mecanismos utilizados por determinados actores para adquirir bienes sensibles, financiar programas de proliferacin o eludir las restricciones establecidas.
La utilizacin de sociedades interpuestas, intermediarios comerciales, operaciones financieras internacionales, estructuras jurdicas complejas y, ms recientemente, activos virtuales, permiti advertir que los riesgos de financiamiento de la proliferacin podan proyectarse sobre las economas de pases que no participaban directamente en programas de desarrollo de armas de destruccin masiva.
En junio de 2025, el Grupo de Accin Financiera Internacional (GAFI) public un informe especficamente dedicado a los esquemas complejos de financiamiento de la proliferacin y evasin de sanciones internacionales, poniendo de manifiesto la sofisticacin que haban adquirido determinadas modalidades operativas.
En este contexto, la Repblica Argentina tambin comenz a fortalecer progresivamente su sistema jurdico y preventivo. Al respecto, en septiembre de 2022, mediante el Decreto 652/2022, aprob una actualizacin de su Evaluacin Nacional de Riesgos de Financiacin del Terrorismo y de la Proliferacin de Armas de Destruccin Masiva, y posteriormente, en marzo de 2024, a travs de la entrada en vigencia de la Ley 27.739 se introdujo una reforma sustancial del sistema nacional de Prevencin del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferacin (PLA/FT/FP), incorporando expresamente al artculo 306 del Cdigo Penal los delitos de proliferacin de armas de destruccin masiva y su financiamiento.
Ms recientemente, en enero de 2026, la Unidad de Informacin Financiera (UIF) dict la Resolucin 3/2026, mediante la cual estableci obligaciones especficas relacionadas con la identificacin de personas y entidades alcanzadas por sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, especficamente aquellas que puedan estar sancionadas en virtud de os programas de proliferacin de la Repblica Popular Democrtica de Corea y de la Repblica Islmica de Irn (Resoluciones CSNU Nros. 1718 y 1737), el reporte de operaciones sospechosas y el congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados con el financiamiento de la proliferacin.
Como se observa, la evolucin normativa resulta significativa, ya que, en pocos aos, el financiamiento de la proliferacin pas de constituir una problemtica principalmente abordada mediante compromisos internacionales, controles sobre tecnologas estratgicas y disposiciones preventivas, a contar con una tipificacin penal expresa y mecanismos administrativos especficos dentro del sistema argentino de PLA/FT/FP.
Pero la cuestin no termina all. Recientemente, en octubre de 2026, el Grupo de Accin Financiera de Latinoamrica (GAFILAT) public su primera Evaluacin Regional de Riesgos de Financiamiento a la Proliferacin, un documento que examina las amenazas, vulnerabilidades y capacidades de respuesta de los pases latinoamericanos frente a este fenmeno.
El informe presenta una particularidad que merece especial atencin: Aunque reconoce que Amrica Latina no se encuentra entre las regiones de mayor exposicin a los riesgos de proliferacin de armas de destruccin masiva, tambin advierte que esa circunstancia no debera conducir a una falsa sensacin de seguridad.
En el mismo se indica que la existencia de actividades industriales vinculadas con bienes de doble uso, operaciones de comercio exterior, transporte martimo, zonas francas, servicios financieros, estructuras societarias y proveedores de activos virtuales puede generar vulnerabilidades que resulten aprovechadas para facilitar mecanismos de financiamiento o evasin de sanciones internacionales.
Y aqu aparece una cuestin que considero central. La proliferacin de armas de destruccin masiva no necesariamente comienza con la fabricacin de un arma nuclear, qumica o biolgica. En determinadas circunstancias, puede comenzar mucho antes, mediante la adquisicin de un componente industrial, la contratacin de un servicio logstico, la transferencia de recursos econmicos o la utilizacin de una estructura societaria destinada a ocultar al verdadero beneficiario de una operacin.
Por ello, la prevencin del financiamiento de la proliferacin requiere comprender modalidades operativas que pueden desarrollarse a travs de actividades comerciales perfectamente legtimas.
La cuestin adquiere especial inters para la Repblica Argentina, porque nuestro pas ya haba identificado, en su evaluacin nacional de 2022, determinadas vulnerabilidades relacionadas con el financiamiento de la proliferacin, y porque, desde entonces, se produjeron modificaciones legales y reglamentarias que merecen ser examinadas a la luz de las conclusiones de la reciente evaluacin regional.
En consecuencia, el presente trabajo tiene por finalidad analizar la evolucin del marco jurdico argentino, examinar las principales conclusiones del informe GAFILAT de octubre de 2026 y considerar de qu manera sus resultados podran utilizarse para perfeccionar una futura actualizacin de la Evaluacin Nacional de Riesgos y los mecanismos preventivos aplicables a los Sujetos Obligados.
No se trata de sostener que la Argentina presenta una amenaza comparable a la de aquellos Estados directamente involucrados en programas de proliferacin. Tampoco de promover la incorporacin indiscriminada de nuevas exigencias administrativas. El objetivo es otro: determinar de qu manera puede perfeccionarse un sistema preventivo destinado a identificar riesgos cuya exposicin puede ser relativamente reducida, pero cuyas consecuencias potenciales y modalidades de ejecucin justifican un tratamiento tcnico adecuado.
II. LA PROLIFERACIN DE ARMAS DE DESTRUCCIN MASIVA Y SU FINANCIAMIENTO: DOS CONCEPTOS DIFERENTES.
La proliferacin de armas de destruccin masiva comprende, en trminos generales, determinadas actividades relacionadas con el desarrollo, fabricacin, adquisicin, posesin, suministro, transferencia o expansin de capacidades vinculadas con armas nucleares, qumicas y biolgicas, as como los sistemas vectores y materiales relacionados.
Su financiamiento, por su parte, se refiere a la obtencin, provisin o utilizacin de recursos econmicos destinados a facilitar tales actividades, dentro del alcance establecido por las normas penales y los regmenes internacionales aplicables.
La distincin resulta fundamental. Quien financia una determinada actividad de proliferacin no necesariamente interviene directamente en la fabricacin o adquisicin del armamento. Puede limitarse a proporcionar los recursos destinados a posibilitar esas actividades, utilizando mecanismos financieros o comerciales que no evidencien inmediatamente la finalidad perseguida.
Adems, los recursos empleados pueden tener un origen perfectamente lcito. Esta circunstancia constituye una diferencia importante respecto del delito de lavado de activos, cuyo presupuesto tpico se relaciona con bienes provenientes de un ilcito penal. En el financiamiento de la proliferacin, en cambio, la procedencia legtima del dinero no resulta necesariamente suficiente para descartar la existencia de una conducta prohibida.
Lo relevante ser determinar si concurren los elementos objetivos y subjetivos exigidos por el tipo penal o las condiciones previstas en los regmenes de sanciones financieras correspondientes.
Sin embargo, no debe confundirse el concepto penal de financiamiento de la proliferacin con el alcance especfico del riesgo definido por el GAFI en sus Recomendaciones.
La Recomendacin 1 delimita el riesgo de financiamiento de la proliferacin, a los efectos de ese estndar, al posible incumplimiento, falta de implementacin o evasin de las obligaciones relacionadas con las sanciones financieras dirigidas previstas en la Recomendacin 7.
Esta delimitacin resulta relevante porque permite distinguir entre el fenmeno general de proliferacin, las conductas penalmente tipificadas y las obligaciones preventivas relacionadas con sanciones financieras internacionales.
No todos esos conceptos tienen necesariamente el mismo alcance jurdico.
III. LOS ANTECEDENTES INTERNACIONALES: LAS SANCIONES CONTRA COREA DEL NORTE E IRN.
Las sanciones internacionales relacionadas con los programas nucleares y misilsticos de Corea del Norte y determinadas actividades nucleares iranes constituyen antecedentes centrales para comprender el sistema de prevencin del financiamiento de la proliferacin.
En el caso norcoreano, la Resolucin 1718 (2006) estableci medidas restrictivas que posteriormente fueron ampliadas mediante otras resoluciones del Consejo de Seguridad. Entre ellas se encuentran restricciones sobre determinados bienes y tecnologas, prohibiciones comerciales, designaciones de personas y entidades y mecanismos destinados a impedir el acceso a recursos econmicos que pudieran contribuir a programas prohibidos.
En el caso iran, la Resolucin 1737 (2006) introdujo sanciones relacionadas con determinadas actividades nucleares. El rgimen fue modificado posteriormente en el contexto del acuerdo nuclear de 2015 y de la Resolucin 2231. En septiembre de 2025 se produjo el restablecimiento de disposiciones sancionatorias anteriores mediante el mecanismo previsto en esa resolucin, aunque su aplicacin y validez jurdica fueron objeto de discrepancias entre distintos Estados miembros de Naciones Unidas.
Estos antecedentes permiten identificar dos cuestiones diferentes. La primera es que los regmenes de sanciones financieras dirigidas constituyen instrumentos de derecho internacional destinados a restringir el acceso de determinados sujetos a fondos y otros activos. La segunda es que su aplicacin efectiva requiere que las instituciones financieras y dems sujetos alcanzados cuenten con mecanismos para identificar a las personas y entidades designadas, as como las relaciones de titularidad, control o actuacin por cuenta de ellas que resulten comprendidas en las disposiciones aplicables.
Por ello, el cumplimiento no necesariamente puede limitarse a una coincidencia literal de nombres. En determinadas circunstancias resulta necesario examinar si los bienes pertenecen o se encuentran controlados por una persona o entidad designada, aun cuando intervengan intermediarios o estructuras jurdicas.
Naturalmente, la existencia de sanciones internacionales no debe confundirse con una condena penal por un delito de proliferacin. Se trata de instrumentos jurdicos diferentes, sometidos a presupuestos y procedimientos distintos. Sin embargo, ambos forman parte del marco internacional destinado a prevenir y combatir las actividades de proliferacin de armas de destruccin masiva.
IV. LA EVOLUCIN DEL DERECHO ARGENTINO: DE LOS CONTROLES PREVENTIVOS A LA TIPIFICACIN PENAL EXPRESA.
La Repblica Argentina contaba, con anterioridad a 2024, con compromisos internacionales y mecanismos de control relacionados con la no proliferacin de armas de destruccin masiva. Entre ellos se encontraban disposiciones vinculadas con la utilizacin pacfica de la energa nuclear, controles de exportaciones estratgicas, materiales sensibles y tecnologas de doble uso.
Sin embargo, la sancin de la Ley 27.739 represent un cambio importante en la regulacin penal del fenmeno. Mediante su artculo 3, dicha ley sustituy el artculo 306 del Cdigo Penal, incorporando expresamente determinadas conductas de proliferacin de armas de destruccin masiva y su financiamiento.
1. El delito de financiamiento de la proliferacin.
El artculo 306, inciso 1, sanciona a quien recolecte o provea, directa o indirectamente, bienes u otros activos de fuente lcita o ilcita, con la intencin de que sean utilizados o con conocimiento de que sern utilizados, total o parcialmente, para las finalidades previstas en la disposicin.
El apartado f) contempla expresamente el financiamiento de actividades relacionadas con armas nucleares, qumicas y biolgicas, sus sistemas vectores, medios de lanzamiento, materiales relacionados y tecnologas y bienes de uso dual, con el alcance y las condiciones establecidos por la propia norma.
La figura tiene especial relevancia porque no exige necesariamente que los recursos provengan de una actividad delictiva anterior. Como adelantamos en este trabajo, la eventual licitud del origen de los fondos no excluye, por s sola, la posibilidad de que sean utilizados para financiar conductas comprendidas en el tipo penal.
2. El delito de proliferacin.
El segundo prrafo, incorporado al art. 306 del Cdigo Penal despus del apartado f), sanciona determinadas conductas materiales relacionadas con la elaboracin, produccin, fabricacin, desarrollo, posesin, suministro, exportacin, importacin, almacenamiento, transporte, transferencia o empleo de las armas comprendidas en la disposicin, sus sistemas vectores y materiales relacionados destinados a su preparacin.
Se trata de una figura diferenciable del financiamiento, porque comprende conductas relacionadas directamente con la proliferacin material.
Ambas modalidades se encuentran contempladas dentro del artculo 306, que establece como escala general penas de prisin de cinco a quince aos y multa de dos a diez veces el monto de la operacin, sin perjuicio de las reglas particulares previstas en la misma disposicin.
La amplitud de los verbos tpicos utilizados por el legislador hace especialmente importante respetar el principio de legalidad penal. En ese sentido, no toda actividad relacionada con tecnologa nuclear, qumica o biolgica constituye proliferacin delictiva. Tampoco la comercializacin de un bien de doble uso configura automticamente una conducta prohibida. La tipicidad requiere verificar todos los elementos exigidos por la legislacin.
3. La reforma del sistema preventivo.
La Ley 27.739 tambin modific la Ley 25.246, incorporando expresamente el financiamiento de la proliferacin dentro de las finalidades del sistema preventivo nacional.
Estas modificaciones reforzaron las competencias de la UIF y ampliaron el marco normativo aplicable a los Sujetos Obligados en materia de PLA/FT/FP. La reforma represent, por lo tanto, un avance tanto penal como preventivo.
Sin embargo, todava resultaba necesario desarrollar procedimientos operativos especficos para implementar las obligaciones relacionadas con sanciones financieras dirigidas, siendo que este aspecto fue abordado posteriormente mediante la Resolucin UIF 3/2026.
V. LA RESOLUCIN UIF 3/2026: LA INCORPORACIN DE CONTROLES ESPECFICOS SOBRE SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS.
La Resolucin UIF 3/2026, dictada el 7 de enero de 2026 y publicada en el Boletn Oficial el da siguiente, constituye uno de los antecedentes regulatorios argentinos ms directamente relacionados con la prevencin del financiamiento de la proliferacin.
La norma establece mecanismos especficos para reportar operaciones sospechosas y efectuar congelamientos administrativos de bienes u otros activos relacionados con las circunstancias previstas en su articulado.
Entre ellas, contempla expresamente las designaciones correspondientes a los regmenes internacionales establecidos por las Resoluciones 1718 (2006) y 1737 (2006) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, vinculadas respectivamente con Corea del Norte e Irn, junto con las resoluciones sucesivas y aplicables.
1. La verificacin peridica de listados internacionales.
El artculo 2, apartado 3 de la citada Res. UIF N 3/2026, dispone que los Sujetos Obligados deben verificar, regular y peridicamente, las listas de personas y entidades sujetas a sanciones financieras dirigidas relacionadas con el financiamiento de la proliferacin. Esta obligacin adquiere especial importancia dentro de los procedimientos de conocimiento y debida diligencia del cliente.
Hasta aqu, buena parte de los mecanismos preventivos de identificacin de personas sancionadas se encontraban asociados, en la prctica, con el cotejo del Registro Pblico de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) y otros listados correspondientes al terrorismo y su financiamiento.
La Resolucin UIF 3/2026 exige considerar tambin los listados especficos relacionados con el financiamiento de la proliferacin.
2. El reporte de operaciones sospechosas.
La resolucin tambin establece la obligacin de reportar a la UIF las operaciones realizadas o tentadas en las que se verifiquen las circunstancias previstas por su artculo 2. Ello, mientras que el art. 3 dispone que los reportes especficos de financiamiento de la proliferacin deben efectuarse sin demora, dentro de un plazo mximo de veinticuatro horas computadas desde la operacin realizada o tentada.
3. El congelamiento administrativo.
El artculo 4 regula la obligacin de efectuar el congelamiento inmediato de los bienes u otros activos comprendidos en las circunstancias previstas por la resolucin, con el alcance all establecido.
Estas medidas se articulan con las competencias de la UIF y los mecanismos de control de legalidad correspondientes.
La importancia de la norma no consiste nicamente en haber incorporado una nueva tarea de cotejo de listas. Ello, ya que tambin establece un procedimiento de actuacin ante determinadas operaciones o vinculaciones con personas y entidades alcanzadas por sanciones financieras dirigidas.
4. Su relacin con los antecedentes internacionales.
La Resolucin UIF 3/2026 permite observar cmo determinadas obligaciones derivadas del sistema internacional de sanciones se proyectan sobre los mecanismos preventivos argentinos.
Los regmenes internacionales relacionados con Corea del Norte e Irn dejan de representar exclusivamente antecedentes de derecho internacional y adquieren consecuencias operativas concretas para los Sujetos Obligados.
Sin embargo, la resolucin fue dictada con anterioridad a la publicacin del informe regional del GAFILAT de octubre de 2026. Por lo tanto, no debe presentarse como consecuencia de ese informe. Ambos documentos responden a procesos relacionados, pero diferentes. La resolucin argentina desarrolla mecanismos operativos de prevencin y congelamiento, mientras que el informe regional examina las amenazas y vulnerabilidades que pueden comprometer su efectividad. Precisamente all aparece la principal relacin entre ambos.
VI. LA PRIMERA EVALUACIN REGIONAL DE RIESGOS DEL GAFILAT: SU IMPORTANCIA Y ALCANCE.
En octubre de 2026, el GAFILAT public su primera Evaluacin Regional de Riesgos de Financiamiento a la Proliferacin.
El documento fue elaborado con informacin proporcionada por diecisis jurisdicciones, informes de evaluaciones mutuas, documentos internacionales, consultas con las delegaciones y actividades regionales de capacitacin e intercambio tcnico.
El objetivo principal consisti en identificar las vulnerabilidades existentes en distintos sectores econmicos, examinar las capacidades nacionales de respuesta y formular recomendaciones destinadas a fortalecer los mecanismos de prevencin.
El informe present adems una perspectiva particularmente interesante porque no limita el financiamiento de la proliferacin a las operaciones realizadas por instituciones financieras.
Por el contrario, reconoce que los mecanismos de adquisicin de bienes sensibles y evasin de sanciones pueden involucrar una cadena de actividades econmicas diversa. En ella pueden intervenir fabricantes, exportadores, agentes aduaneros, operadores portuarios, proveedores de servicios fiduciarios y corporativos, profesionales, comerciantes de metales preciosos y proveedores de servicios de activos virtuales.
La identificacin de estos sectores no implica atribuirles una presuncin generalizada de irregularidad, sino, antes bien, significa reconocer que determinadas caractersticas operativas pueden generar vulnerabilidades que requieren ser comprendidas y, cuando corresponda, mitigadas.
1. Una regin de exposicin comparativamente baja o moderada.
Una de las conclusiones ms relevantes del informe es que Amrica Latina no constituye una de las regiones de mayor exposicin internacional a las actividades de proliferacin.
Sin embargo, el GAFILAT advierte que esta circunstancia no significa que los riesgos sean inexistentes. Ello, ya que la regin participa en circuitos comerciales internacionales, cuenta con industrias vinculadas con bienes de doble uso, dispone de instalaciones portuarias y zonas francas y presenta distintos niveles de desarrollo de sus mecanismos de supervisin.
Por ello, determinadas operaciones podran utilizar infraestructura regional para canalizar bienes o recursos destinados a actividades prohibidas.
2. La falsa sensacin de seguridad.
El informe advierte que la percepcin generalizada de bajo riesgo puede generar una falsa sensacin de seguridad. Ahora bien, la ausencia de operaciones sospechosas detectadas o de investigaciones especficas no permite concluir necesariamente que no existan vulnerabilidades. Tambin podra reflejar limitaciones en el conocimiento del fenmeno, la capacitacin o las capacidades de deteccin.
La distincin es importante ya que una exposicin efectivamente reducida no debe confundirse con una incapacidad para detectar operaciones pero tampoco corresponde presumir la existencia de actividades ilcitas por la sola ausencia de reportes.
La evaluacin de riesgos debe procurar distinguir ambas situaciones mediante informacin y anlisis objetivos.
3. Las diferencias entre los marcos normativos y su aplicacin efectiva.
El GAFILAT identifica avances en los regmenes jurdicos relacionados con sanciones financieras dirigidas, pero tambin diferencias relevantes en su implementacin.
Una de las principales conclusiones del informe consiste en que la existencia formal de disposiciones legales no garantiza necesariamente su aplicacin efectiva. Pueden persistir dificultades de coordinacin, capacidades de supervisin insuficientes y limitaciones para identificar operaciones complejas de evasin.
Por ello, el estudio recomienda fortalecer la aplicacin prctica de los mecanismos existentes y mejorar las capacidades institucionales de deteccin.
VII. EL ANLISIS MULTISECTORIAL: PRINCIPALES VULNERABILIDADES REGIONALES.
Uno de los aportes ms valiosos de la evaluacin regional consiste en su anlisis de los sectores econmicos potencialmente expuestos.
1. Instituciones financieras.
Las instituciones financieras ocupan un lugar central debido a su intervencin en transferencias internacionales, pagos, financiamiento del comercio exterior y prestacin de servicios a empresas que participan en circuitos comerciales complejos.
El informe reconoce que este sector presenta una elevada exposicin relativa, pero tambin dispone de mecanismos preventivos ms desarrollados.
Su principal dificultad puede encontrarse en la identificacin de operaciones relacionadas con bienes y tecnologas sensibles cuando la documentacin comercial no permite determinar claramente el destino o usuario final.
El GAFILAT reconoce que no corresponde exigir a las entidades financieras conocimientos tcnicos especializados sobre todos los bienes de doble uso.
Lo razonable es que dispongan de procedimientos adecuados de conocimiento del cliente, anlisis de operaciones y mecanismos de consulta con las autoridades competentes.
2. Bienes y tecnologas de doble uso.
El comercio de bienes de doble uso presenta vulnerabilidades derivadas de su posible utilizacin tanto para actividades civiles legtimas como para programas prohibidos.
El informe destaca la necesidad de identificar operaciones susceptibles de facilitar desvos de mercancas sensibles y fortalecer los controles sobre su exportacin, trnsito y reexportacin.
El objetivo no consiste en restringir indiscriminadamente el comercio de productos tecnolgicos. Consiste en impedir que operaciones formalmente legtimas sean utilizadas para ocultar destinos o finalidades prohibidas.
3. Industria martima.
El transporte martimo y fluvial constituye otro sector relevante. Ello, ya que las operaciones de trnsito, transbordo y reexportacin pueden dificultar la reconstruccin de determinados circuitos comerciales.
El informe examina riesgos relacionados con la documentacin comercial, la identificacin de embarcaciones, la utilizacin de intermediarios y las caractersticas de las rutas utilizadas.
4. Zonas de libre comercio.
Las zonas francas cumplen funciones importantes dentro del comercio internacional, pero pueden presentar desafos especficos de supervisin y trazabilidad.
El GAFILAT destaca la conveniencia de fortalecer los mecanismos de control sobre operadores, mercancas y operaciones comerciales sensibles.
5. Proveedores de servicios fiduciarios y corporativos.
Las estructuras societarias y fiduciarias pueden ser utilizadas legtimamente para desarrollar actividades econmicas, administrar patrimonios y organizar inversiones. Sin embargo, determinadas estructuras pueden facilitar el ocultamiento de beneficiarios finales o la separacin formal entre compradores y verdaderos destinatarios de operaciones.
Por ello, el informe examina los riesgos vinculados con proveedores de servicios fiduciarios y corporativos y la necesidad de contar con mecanismos adecuados de identificacin de beneficiarios efectivos.
6. Abogados, notarios y contadores.
Los profesionales que intervienen en determinadas operaciones societarias, patrimoniales o comerciales pueden presentar vulnerabilidades especficas.
La existencia de tales riesgos no significa que toda actividad profesional deba quedar comprendida indiscriminadamente en las obligaciones preventivas, sino que su tratamiento debe respetar las actividades efectivamente alcanzadas por los regmenes nacionales y las caractersticas concretas de las operaciones.
7. Metales y piedras preciosas.
El informe tambin examina la utilizacin de determinados bienes de elevado valor que pueden facilitar mecanismos de transferencia o almacenamiento de riqueza. Su anlisis se concentra en las vulnerabilidades relacionadas con la identificacin de operadores, la trazabilidad y las diferencias de supervisin existentes entre jurisdicciones.
8. Proveedores de servicios de activos virtuales
Finalmente, el GAFILAT examina los riesgos asociados con los proveedores de servicios de activos virtuales, e indica que los mecanismos de transferencia internacional de valor y ciertas dificultades de trazabilidad pueden ser aprovechados para facilitar operaciones destinadas a eludir sanciones. En ese sentido, el informe destaca la necesidad de fortalecer la supervisin del sector y mejorar los mecanismos de identificacin y gestin de riesgos.
VIII. LA EVALUACIN NACIONAL ARGENTINA DE 2022: QU HABA IDENTIFICADO Y QU RELACIN TIENE CON EL INFORME REGIONAL DE 2026.
La Repblica Argentina aprob mediante el Decreto 652/2022 la actualizacin de su Evaluacin Nacional de Riesgos de Financiacin del Terrorismo y de la Proliferacin de Armas de Destruccin Masiva.
El documento constituye un antecedente particularmente importante para analizar las conclusiones regionales publicadas por GAFILAT cuatro aos despus.
En efecto, la evaluacin argentina ya haba identificado determinadas vulnerabilidades relacionadas con el financiamiento de la proliferacin, aun cuando consideraba relativamente limitada la exposicin del pas a las principales amenazas internacionales.
1. La valoracin de las amenazas.
La evaluacin nacional concluy que las amenazas argentinas en materia de financiamiento de la proliferacin se ubicaban en el extremo inferior del rango bajo. La calificacin asignada fue de un punto en la escala metodolgica utilizada.
El documento explicaba esta valoracin, entre otros factores, por la existencia de mecanismos nacionales de control sobre materiales sensibles, la reducida exposicin comercial a los principales Estados identificados y la ausencia de casos conocidos de redes de financiamiento de la proliferacin que desarrollaran actividades delictivas en el pas, segn las fuentes consideradas al momento de su elaboracin.
Sin embargo, esta conclusin no significaba declarar inexistente el riesgo. Por el contrario, el propio documento reconoca que podan subsistir vulnerabilidades relevantes.
2. Las vulnerabilidades identificadas.
La evaluacin argentina consider distintas vulnerabilidades vinculadas con el financiamiento de la proliferacin. Entre ellas se encontraban las deficiencias del marco normativo de sanciones financieras dirigidas, las limitaciones en el conocimiento especfico del fenmeno por parte de determinados organismos y sectores privados, los desafos en la identificacin de beneficiarios finales, las dificultades de control fronterizo y comercio internacional y las vulnerabilidades relacionadas con activos virtuales.
El documento asign a las vulnerabilidades una valoracin consolidada de 6,95 puntos, dentro de un rango medio-alto.
Esta circunstancia merece especial atencin, porque demuestra que, aun cuando las amenazas identificadas fueran relativamente reducidas, el sistema argentino reconoca vulnerabilidades que podan comprometer su capacidad de prevencin.
3. La valoracin general del riesgo.
La evaluacin nacional utiliz una metodologa que ponder las amenazas y vulnerabilidades para obtener una valoracin general. El resultado fue de 4,57 puntos, situado prcticamente en el extremo superior del rango medio-bajo.
Este resultado refleja una cuestin conceptualmente importante. La baja exposicin a amenazas no implica necesariamente que las vulnerabilidades institucionales u operativas tambin sean bajas. Por el contrario, pueden coexistir amenazas reducidas con debilidades relevantes en los mecanismos de identificacin, prevencin y respuesta.
4. La principal deficiencia normativa identificada en 2022.
Uno de los aspectos ms significativos de la evaluacin nacional fue la identificacin de la inexistencia de un rgimen de sanciones financieras dirigidas especficamente relacionado con el financiamiento de la proliferacin.
El documento observaba que la Argentina no contaba entonces con mecanismos administrativos equivalentes a los existentes en materia de financiamiento del terrorismo para identificar y congelar determinados activos vinculados con la proliferacin.
Asimismo, sealaba la necesidad de fortalecer las obligaciones del sector privado relacionadas con la identificacin, evaluacin y mitigacin de estos riesgos.
Esta observacin adquiere una importancia especial cuando se examina la evolucin normativa posterior.
Ello, toda vez que la reforma introducida por la Ley 27.739 y la Resolucin UIF 3/2026 permiten identificar avances concretos en el tratamiento jurdico de aquellas deficiencias.
Sin embargo, la aprobacin de normas no demuestra automticamente su efectividad prctica. Para determinar el grado de superacin de las vulnerabilidades identificadas sera necesario examinar su implementacin, supervisin y resultados.
5. Las coincidencias con la evaluacin regional del GAFILAT de 2026.
La comparacin entre ambos documentos permite advertir coincidencias importantes.
La evaluacin argentina de 2022 ya haba identificado desafos relacionados con estructuras societarias, beneficiarios finales, comercio internacional, activos virtuales y conocimiento especfico de los riesgos de financiamiento de la proliferacin.
El informe regional de 2026 retoma muchas de estas cuestiones, pero las examina desde una perspectiva multisectorial y comparativa ms amplia.
Incorpora un anlisis especfico de instituciones financieras, bienes de doble uso, industria martima, zonas francas, proveedores societarios y fiduciarios, profesionales, metales preciosos y activos virtuales.
Tambin proporciona un conjunto de seales de alerta y recomendaciones que pueden resultar tiles para perfeccionar las metodologas nacionales.
Por ello, el informe regional no debera considerarse un documento completamente desvinculado del diagnstico argentino anterior.
Por el contrario, puede utilizarse como referencia para revisar qu vulnerabilidades fueron identificadas oportunamente, qu medidas se adoptaron desde entonces y cules requieren una actualizacin tcnica.
IX. LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LA EVALUACIN NACIONAL ARGENTINA.
La evaluacin argentina de 2022 constituye un antecedente relevante, pero no debera considerarse un diagnstico inmutable.
El Decreto 331/2019 contempla un mecanismo de revisin peridica de las evaluaciones nacionales.
Adems, desde la fecha de corte de la evaluacin de 2022 se produjeron modificaciones normativas y acontecimientos internacionales que justifican examinar la actualidad de sus conclusiones.
Entre ellos, corresponde destacar la ya indicada reforma de la Ley 27.739, el dictado de la Resolucin UIF 3/2026, la evolucin de los mecanismos internacionales de evasin de sanciones y la publicacin del informe regional de GAFILAT.
La utilidad de una nueva evaluacin no consistira simplemente en reiterar los factores de riesgo identificados anteriormente, sino que debera permitir determinar si la evolucin normativa y operativa produjo modificaciones efectivas en las vulnerabilidades nacionales antes detectadas y sealadas.
Tambin podra incorporar las tipologas y seales de alerta desarrolladas en el informe regional, considerando su pertinencia para la estructura econmica argentina.
En particular, resultara razonable examinar los mecanismos de identificacin de beneficiarios finales, la coordinacin entre autoridades financieras y de comercio exterior, las capacidades de deteccin de operaciones relacionadas con bienes de doble uso y los riesgos asociados con determinados servicios de activos virtuales.
Asimismo, debera analizarse en qu medida los procedimientos establecidos por la Resolucin UIF 3/2026 han sido efectivamente incorporados a los sistemas preventivos de cada uno de los Sujetos Obligados del art. 20 de la Ley 25.246.
Naturalmente, la existencia de nuevos controles no implica necesariamente que el riesgo residual deba ser considerado bajo. Esa conclusin requiere informacin sobre su aplicacin efectiva.
Por ello, la evaluacin regional puede constituir una referencia tcnica para una prxima actualizacin nacional, sin reemplazar la necesidad de analizar las particularidades propias del pas.
X. LAS CONSECUENCIAS PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS ARGENTINOS.
La publicacin del informe del GAFILAT plantea una cuestin prctica: Deben los Sujetos Obligados argentinos modificar sus autoevaluaciones, matrices de riesgo y procedimientos de debida diligencia como consecuencia de esta nueva evaluacin regional?
La respuesta requiere distinguir entre la existencia de obligaciones normativas y la utilizacin de documentos tcnicos para mejorar su cumplimiento.
El informe del GAFILAT no constituye, por s mismo, una nueva resolucin de la UIF. Tampoco establece automticamente obligaciones adicionales para todos los Sujetos Obligados argentinos. Sin embargo, sus conclusiones pueden utilizarse para revisar los factores de riesgo considerados por cada organizacin, dentro de las obligaciones aplicables y conforme a las caractersticas de su actividad.
La exposicin al financiamiento de la proliferacin no es necesariamente equivalente en todos los sectores. Una institucin financiera que interviene habitualmente en operaciones internacionales de comercio exterior puede presentar vulnerabilidades diferentes de las correspondientes a una inmobiliaria dedicada exclusivamente a operaciones locales.
Del mismo modo, los riesgos asociados con una empresa que comercializa tecnologa industrial sensible no necesariamente coinciden con los de una organizacin que presta servicios profesionales limitados a actividades de menor exposicin.
Por ello, cualquier actualizacin debera respetar el enfoque basado en riesgos.
La incorporacin indiscriminada de indicadores no garantiza una mayor eficacia preventiva. Por el contrario, una matriz de riesgo excesivamente compleja y desvinculada de la actividad real puede dificultar la identificacin de las situaciones verdaderamente relevantes.
En este contexto, la evaluacin regional del GAFILAT puede constituir una fuente tcnica til para revisar metodologas, pero no debera utilizarse como justificacin automtica para imponer controles desproporcionados.
XI. DEL CUMPLIMIENTO FORMAL A LA EFECTIVIDAD PREVENTIVA.
La evolucin del sistema argentino permite observar avances relevantes: a.) La evaluacin nacional de 2022 identific amenazas y vulnerabilidades vinculadas con el financiamiento de la proliferacin; b.) La Ley 27.739 incorpor expresamente las figuras penales y fortaleci el sistema preventivo; c.) La Resolucin UIF 3/2026 estableci procedimientos especficos de reporte, cotejo de listas y congelamiento de activos; y d.) el informe regional del GAFILAT de octubre de 2026 proporciona un nuevo marco tcnico para comprender las vulnerabilidades sectoriales y los mecanismos internacionales de evasin de sanciones.
Sin embargo, el verdadero desafo consiste en determinar hasta qu punto esas herramientas se traducen en capacidades efectivas de prevencin.
La existencia de disposiciones jurdicas no garantiza, por s sola, que todos los riesgos puedan ser adecuadamente identificados. Tampoco el cumplimiento formal de un procedimiento demuestra necesariamente que una organizacin comprenda las modalidades utilizadas para eludir sanciones internacionales.
En ese sentido, una de las enseanzas ms importantes del informe regional consiste en la necesidad de fortalecer la coordinacin interinstitucional.
El financiamiento de la proliferacin puede involucrar simultneamente operaciones financieras, actividades comerciales, exportaciones de bienes sensibles, transporte internacional y estructuras societarias.
Ninguno de los organismos que participan en esos mbitos posee necesariamente toda la informacin requerida para reconstruir operaciones complejas.
Por ello, la cooperacin entre autoridades financieras, aduaneras, portuarias, de comercio exterior y organismos de supervisin resulta fundamental.
La eficacia del sistema no debera medirse nicamente por la cantidad de normas dictadas o controles exigidos, sino que debera evaluarse tambin a partir de las capacidades reales para identificar situaciones de riesgo, actuar oportunamente y evitar que los recursos econmicos sean utilizados para facilitar actividades prohibidas.
XII. CONCLUSIONES.
La publicacin de la primera Evaluacin Regional de Riesgos de Financiamiento de la Proliferacin del GAFILAT constituye un antecedente importante para el desarrollo de los sistemas preventivos latinoamericanos.
Su principal aporte no consiste en demostrar que Amrica Latina se encuentra ante una amenaza generalizada o inminente de proliferacin de armas de destruccin masiva. Por el contrario, el informe reconoce que la exposicin regional es comparativamente baja o moderada.
Sin embargo, tambin advierte que esa circunstancia no debera conducir a una falsa sensacin de seguridad, toda vez que la utilizacin de intermediarios comerciales, estructuras societarias, operaciones financieras internacionales, bienes de doble uso y activos virtuales puede generar vulnerabilidades susceptibles de ser aprovechadas por actores que procuran financiar actividades de proliferacin o eludir sanciones internacionales.
La experiencia de los regmenes de sanciones relacionados con Corea del Norte e Irn demuestra la importancia de contar con mecanismos adecuados para identificar personas y entidades designadas e impedir que determinados recursos econmicos sean puestos a su disposicin.
En la Repblica Argentina, la evolucin normativa de los ltimos aos refleja avances importantes. La aprobacin de la Evaluacin Nacional de Riesgos de 2022, la incorporacin expresa de los delitos de proliferacin y su financiamiento mediante la Ley 27.739 y el dictado de la Resolucin UIF 3/2026 constituyen antecedentes concretos de ese proceso.
Particularmente significativa resulta la relacin entre la evaluacin nacional de 2022 y la normativa posterior. Aquella evaluacin haba identificado como una de las principales vulnerabilidades la inexistencia de un rgimen especfico de sanciones financieras dirigidas relacionado con el financiamiento de la proliferacin.
La reforma legal de 2024 y la reglamentacin de 2026 permiten advertir una evolucin normativa orientada a atender esa deficiencia, sin embargo, la existencia de nuevos mecanismos jurdicos no demuestra automticamente su aplicacin efectiva.
Precisamente por ello, el informe regional de GAFILAT constituye una oportunidad para examinar el grado de evolucin del sistema preventivo argentino y considerar la necesidad de actualizar sus metodologas de evaluacin.
La comparacin entre ambos documentos demuestra, adems, que algunas de las vulnerabilidades identificadas regionalmente en 2026 ya haban sido reconocidas por la Argentina cuatro aos antes.
Por lo tanto, el desafo no consiste exclusivamente en incorporar nuevos conceptos al sistema preventivo, sino que consiste en determinar cules de las vulnerabilidades anteriormente identificadas fueron efectivamente mitigadas y cules continan requiriendo medidas adicionales.
En ese contexto, una prxima actualizacin de la Evaluacin Nacional de Riesgos podra beneficiarse del anlisis multisectorial, las tipologas y las seales de alerta desarrolladas por el GAFILAT.
Naturalmente, esa actualizacin debera considerar las caractersticas propias de la economa argentina y evitar trasladar automticamente conclusiones regionales que no reflejen su exposicin particular.
Lo mismo corresponde respecto de los Sujetos Obligados. La prevencin del financiamiento de la proliferacin no debera transformarse en una acumulacin indiscriminada de exigencias documentales. Debe responder a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y efectiva comprensin de los riesgos.
A mi juicio, una de las principales enseanzas del informe consiste en recordar que la baja exposicin a una amenaza no necesariamente significa que las vulnerabilidades del sistema preventivo tambin sean bajas. La propia evaluacin argentina de 2022 resulta ilustrativa en este sentido: mientras las amenazas fueron consideradas muy reducidas, las vulnerabilidades recibieron una valoracin significativamente mayor.
Esta diferencia permite comprender por qu resulta necesario examinar peridicamente no solamente la existencia de amenazas, sino tambin las capacidades institucionales y operativas destinadas a prevenirlas.
En definitiva, el verdadero desafo consiste en pasar de la existencia formal de controles a su aplicacin efectiva, porque prevenir el financiamiento de la proliferacin no significa presumir que toda operacin financiera, comercial o tecnolgica representa una actividad sospechosa.
Significa comprender de qu manera determinados mecanismos legtimos pueden ser utilizados para facilitar operaciones prohibidas y establecer medidas razonables para impedirlo, y esa es, probablemente, la principal enseanza que deja la primera Evaluacin Regional de Riesgos del GAFILAT para la prxima etapa de desarrollo del sistema argentino de prevencin del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferacin.
Noviembre 2026.