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Artículo publicado por el Ministerio de Justicia de la Nación a través de su portal Infojus el 23/02/2026.


De la geopolítica del cumplimiento a la realidad local


La reciente actualización del Grupo de Acción Financiera Internacional (?GAFI?) y la visualización global de jurisdicciones bajo monitoreo intensificado ofrecen mucho más que una fotografía técnica del estado del cumplimiento internacional. Constituyen, en realidad, un mapa geopolítico del riesgo, la credibilidad y la confianza financiera global.

El análisis de la distribución mundial de países incluidos en la denominada ?lista gris? permite advertir un fenómeno estructural: los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva se han consolidado como un lenguaje común del sistema financiero internacional.


Hoy, la pertenencia plena a ese sistema no se define exclusivamente por indicadores macroeconómicos, sino también por la calidad institucional de los marcos de integridad financiera.


La imagen global es elocuente. América, Europa y buena parte de Asia exhiben niveles relativamente bajos de concentración de jurisdicciones bajo monitoreo intensificado, lo que refleja décadas de inversión en regulación, supervisión y desarrollo de sistemas de cumplimiento.


Sin embargo, también revela asimetrías persistentes, especialmente en regiones donde los desafíos estructurales ?institucionales, económicos y políticos? dificultan la implementación efectiva de estándares complejos y dinámicos.


Esto confirma una premisa central: el cumplimiento ya no es una cuestión meramente normativa. Es un factor estructural de competitividad internacional.


El estándar global como condicionante económico.


Durante años, el cumplimiento en materia de materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masisva (?PLA/FT/FP?) fue percibido como un tema técnico reservado a especialistas regulatorios.


Esa visión ha quedado definitivamente superada. Hoy, el alineamiento con estándares del GAFI tiene efectos concretos y tangibles sobre variables críticas para cualquier economía:



La inclusión en listas de monitoreo intensificado genera efectos reputacionales y práctivos para el país y sus ciudadanos inmediatos. Pero incluso sin llegar a ese extremo, los mercados evalúan permanentemente la calidad de los sistemas de prevención de cada jurisdicción.


En este contexto, la credibilidad financiera se convierte en un activo estratégico. Y como todo activo, puede fortalecerse o erosionarse.


Argentina en el contexto internacional.


Para Argentina, esta discusión adquiere una relevancia singular. Históricamente, el país ha transitado ciclos en materia de cumplimiento internacional, alternando períodos de alineamiento con etapas de cuestionamiento o revisión por parte de organismos multilaterales.


El actual escenario global exige evitar esa lógica pendular. En un sistema financiero donde la confianza es incremental y acumulativa, los retrocesos en materia de integridad tienen costos desproporcionados frente a los beneficios de corto plazo que eventualmente podrían perseguirse mediante flexibilizaciones regulatorias.


Argentina enfrenta hoy un doble desafío: consolidar avances institucionales y, al mismo tiempo, demostrar consistencia en el tiempo.


La consistencia es, en definitiva, la moneda más valiosa en el mercado de la credibilidad internacional.


El debate local: incentivos económicos vs. estándares internacionales.


En los últimos meses, el debate público argentino ha incorporado iniciativas orientadas a dinamizar la economía mediante incentivos financieros y mecanismos de exteriorización o movilización de activos.


En ese contexto, conceptos como el denominado ?dólar colchón? han ganado centralidad en la discusión económica y política.


Más allá de su diseño específico, este tipo de instrumentos plantea una tensión recurrente en economías emergentes: cómo generar incentivos económicos sin debilitar los estándares de transparencia y trazabilidad financiera.


El desafío no es menor. Las políticas que buscan ampliar la base monetaria o movilizar ahorros no declarados pueden tener racionalidad macroeconómica en el corto plazo, pero deben evaluarse cuidadosamente desde la óptica del cumplimiento internacional.


En un mundo hiperconectado, las señales regulatorias trascienden las fronteras y son interpretadas por bancos corresponsales, organismos multilaterales e inversores institucionales.


La clave está en el equilibrio: diseñar herramientas económicas que no comprometan la arquitectura de integridad.


El Decreto 93/2026 y la señal regulatoria.


En este marco, el Decreto 93/2026 (B.O. 09/01/2026) introduce elementos relevantes para analizar desde una perspectiva estratégica. Más allá de su contenido técnico, el decreto debe interpretarse en términos de señal regulatoria.


Las señales importan. Y en materia de PLA/FT/FP importan tanto como las normas mismas.


Cada modificación normativa es observada por evaluadores internacionales bajo una lógica acumulativa. El GAFI y los organismos regionales no analizan únicamente leyes o decretos aislados, sino la coherencia sistémica de los marcos regulatorios y, especialmente, su implementación efectiva.


Por ello, cualquier reforma debe ser calibrada considerando tres dimensiones:


  1. Compatibilidad técnica con estándares internacionales
  2. Capacidad institucional de implementación
  3. Impacto reputacional externo


La experiencia comparada demuestra que los países que logran sostener credibilidad internacional son aquellos que internalizan esta lógica tridimensional.


La credibilidad como política de Estado.


Si algo enseña el mapa global del cumplimiento es que la credibilidad financiera no se construye con medidas aisladas ni con ciclos políticos. Requiere continuidad, coordinación interinstitucional y visión estratégica de largo plazo.


Los países que han logrado posicionarse como jurisdicciones confiables comparten ciertos rasgos comunes:



Argentina ha mostrado avances en varios de estos frentes en distintos momentos de su historia reciente. Sin embargo, el desafío sigue siendo consolidar esos avances en una trayectoria consistente y previsible.


En el contexto actual, donde el país busca reinsertarse plenamente en los mercados internacionales, la integridad financiera debe ser concebida como infraestructura crítica. Tan relevante como la infraestructura física o energética.


Continuidad analítica.


Esta lectura no surge en forma aislada. Se inscribe en una línea de análisis desarrollada en trabajos recientes, incluyendo artículos ya publicados en revistas de renombre como la Ley, Mercojuris e infojus, donde se planteaba que la evolución del sistema PLA/FT/FP argentino debía (y debe) entenderse como parte de un proceso más amplio de adaptación estructural a estándares globales.


En esa línea, quien suscribe sostuvo que la arquitectura normativa argentina en materia de prevención ha dejado de ser una construcción reactiva para convertirse progresivamente en un componente central de su política de inserción internacional. La clave ya no reside únicamente en cumplir evaluaciones técnicas, sino en consolidar credibilidad sistémica.


Los trabajos previamente publicados (y que constan en el blog institucional de CASSAGNE Consultores) profundizan esta idea desde distintas perspectivas complementarias.


En el análisis sobre el blanqueo y sus implicancias estructurales, se destacó que los procesos de exteriorización de activos deben interpretarse dentro de una lógica de equilibrio entre incentivos económicos y estándares internacionales, evitando generar señales contradictorias hacia el exterior.


Del mismo modo, en el desarrollo sobre el sistema argentino de PLA/FT/FP como política de Estado, se subrayó que el verdadero desafío no es normativo sino institucional: sostener consistencia en el tiempo frente a presiones económicas coyunturales. Allí se planteó una tesis central que hoy cobra renovada vigencia: los sistemas de prevención exitosos son aquellos que logran trascender ciclos políticos.


Finalmente, el análisis sobre la evolución del delito de lavado en Argentina tras la publicación de la Ley 27.739 aportó una dimensión penal a esta discusión, destacando cómo la tipificación y expansión conceptual del delito reflejan la internalización progresiva de estándares internacionales dentro del derecho interno.


En conjunto, lo que fue expresándose en estos años configura un hilo conductor claro: la evolución del sistema argentino no puede analizarse como una sucesión de reformas aisladas, sino como un proceso de maduración institucional.


El costo histórico de la inconsistencia.


Para dimensionar la importancia del momento actual, resulta imprescindible recordar que el camino hacia la credibilidad internacional no ha sido lineal para Argentina. La experiencia de inclusión en la lista gris dejó lecciones profundas tanto en el plano técnico como reputacional.


Los efectos de aquella etapa excedieron ampliamente el ámbito regulatorio. Se tradujeron en mayores exigencias de debida diligencia por parte de bancos corresponsales, incremento de costos de cumplimiento para entidades locales, y un impacto tangible en la percepción de riesgo país desde la óptica de integridad financiera.


Pero quizás el efecto más relevante fue intangible: la erosión de confianza. En el sistema financiero internacional, la confianza se construye lentamente y se deteriora rápidamente.

Salir de esa situación implicó un esfuerzo significativo. Requirió reformas normativas, fortalecimiento institucional, profesionalización de organismos de supervisión y un cambio cultural en el ecosistema de cumplimiento.


Ese proceso tuvo costos políticos, económicos y regulatorios. Pero también generó un aprendizaje institucional que hoy resulta invaluable.


De la recuperación al desafío de la consistencia.


Haber transitado ese proceso coloca a Argentina en una posición particular dentro del mapa global del cumplimiento. No se trata de un país que recién inicia su camino de alineación, sino de una jurisdicción que ya experimentó las consecuencias de la desalineación.


Esa experiencia genera una responsabilidad adicional: evitar retrocesos.


El contexto actual exige pasar de una lógica de recuperación a una lógica de consolidación. Y esa transición es, probablemente, una de las más complejas en términos de política pública.


Consolidar implica resistir la tentación de relativizar estándares frente a urgencias económicas. Implica también comprender que cada señal regulatoria es interpretada dentro de una narrativa histórica por los actores internacionales.


En otras palabras, el pasado importa. Y condiciona el margen de maniobra presente.


El rol del sector privado.


La alineación con estándares internacionales no es responsabilidad exclusiva del Estado. El sector privado desempeña un rol determinante en la construcción de credibilidad sistémica.


Las instituciones financieras, estudios jurídicos, desarrolladores inmobiliarios, fiduciarias y demás sujetos obligados actúan como primera línea de defensa del sistema. La calidad de sus programas de cumplimiento impacta directamente en la percepción internacional sobre la jurisdicción.


En este sentido, el enfoque basado en riesgo adquiere una dimensión estratégica. No se trata únicamente de cumplir formalidades regulatorias, sino de desarrollar capacidades reales de identificación, mitigación y gestión de riesgos.


Las organizaciones que internalizan esta lógica no solo reducen exposición regulatoria, sino que también fortalecen su posicionamiento competitivo en mercados cada vez más exigentes.


Mirando hacia adelante: alineación permanente.


La lectura integral del escenario global conduce a una conclusión clara: en materia de prevención financiera, no existen zonas grises en términos estratégicos. La alineación con estándares internacionales es un proceso permanente, no un objetivo alcanzable de una vez y para siempre.


Para Argentina, esto implica asumir que cada decisión económica con impacto financiero debe evaluarse también bajo el prisma de la credibilidad internacional.


Las políticas que hoy se adopten moldearán la percepción del país en los próximos ciclos de evaluación del GAFI y en la mirada de actores clave del sistema financiero global.


La credibilidad, en este sentido, funciona como un capital reputacional acumulativo: cuesta años construirla y puede erosionarse rápidamente.


Conclusión: credibilidad como activo estratégico.


La actualización de la lista gris del GAFI, hecha efectiva en el reciente plenario llevado a cabo en México en febrero de 2026, y su representación geográfica ofrecen una lección que trasciende lo técnico.


El cumplimiento internacional ya no es un tema periférico: es un determinante central de la inserción económica global.


La visualización global de la nueva Lista vista desde un mapa, permite advertir un dato significativo: el compromiso con los estándares internacionales en materia de prevención muestra niveles relativamente sólidos en la mayoría de los continentes. América, Europa y gran parte de Asia presentan una baja concentración de jurisdicciones en lista gris, lo que refleja avances sostenidos en marcos regulatorios, supervisión y sistemas de cumplimiento, mientras que en África se concentra una porción sustancial de los países actualmente bajo monitoreo intensificado por el GAFI.


Esta realidad no necesariamente responde a una menor voluntad regulatoria, sino que muchas veces refleja desafíos estructurales vinculados a capacidades institucionales, desarrollo económico, estabilidad política y recursos técnicos disponibles para implementar sistemas AML/CFT robustos.

 

Desde una mirada estratégica, el mapa refuerza una conclusión clave: el estándar internacional en materia de prevención ya es verdaderamente global. Hoy no se trata solo de cumplir con regulaciones locales, sino de alinearse con expectativas internacionales cada vez más exigentes, con impactos directos en corresponsalías bancarias, evaluaciones de riesgo país, inversiones y relaciones comerciales.

 

Para sujetos obligados, asesores y reguladores, esto implica una responsabilidad creciente: fortalecer programas de cumplimiento con enfoque basado en riesgo, monitorear permanentemente la evolución de estándares del GAFI y anticipar escenarios regulatorios.


Argentina se encuentra en un momento decisivo. La necesidad de impulsar crecimiento y dinamizar la economía (incluida la búsqueda del gobierno por obtener fondos del denominado ?dólar colchón?) convive con el imperativo de consolidar estándares de integridad alineados con las mejores prácticas internacionales.


Iniciativas como los debates en torno al citado ?dólar colchón?, reformas regulatorias como el Decreto 93/2026 y futuras decisiones de política económica deberán evaluarse no solo por su impacto interno inmediato, sino también por su capacidad de fortalecer ?o debilitar? la credibilidad del país en el escenario global.


En un mundo donde la confianza es la moneda más escasa y valiosa, la alineación sostenida con estándares internacionales no es una opción técnica: es una estrategia de desarrollo.


Mantener esa alineación será clave para que Argentina no solo sea competitiva, sino también confiable. Y en el sistema financiero internacional, la confianza sigue siendo el activo más determinante de todos.


Artículos recientes aquí citados:


https://mercojuris.com/blanqueo-trazabilidad-y-prevencion-el-dec-93-26-reglamenta-ley-de-inocencia-fiscal-frente-a-desafios-de-la-economia-y-el-sistema-de-prevencion-de-lavado-de-activos-dr-miguel-cassagne/)


https://cassagneconsultores.com/blog/el-sistema-argentino-de-plaft-como-politica-de-estado-entre-la-presion-economica-y-la-gobernabilidad-internacional-686bd076cbf8f


https://cassagneconsultores.com/blog/dolares-del-colchon-medidas-fiscales-recientes-y-la-continuidad-indispensable-del-sistema-plaft-6839cd86918ce

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https://cassagneconsultores.com/blog/money-laundering-after-the-enactment-of-law-27739-its-evolution-and-typification-in-criminal-law-67f017291011d